S Se considera delito contra la seguridad vial al conjunto de delitos cometidos en su mayoría por la conducción de vehículos a motor o ciclomotores, ya sea en vía urbana como en interurbana a una velocidad o una tasa de alcohol superior a la permitida y que entrañan un peligro no solo para la seguridad en las vías de circulación, sino también para la vida y la integridad física de las personas.
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Los delitos contra la seguridad vial son aquellos que atentan contra la propia vida y la de terceras personas. Se trata de una conducta indebida, generalmente de vehículos a motor o ciclomotores, que da lugar a una conducción irresponsable e incumplimiento de las normas de seguridad vigentes, generando un peligro para la seguridad vial y/o para la integridad física de los usuarios de la vía.
En función de la gravedad del hecho, las penas pueden ir desde multas y privación del carnet de conducir, hasta la pena de prisión.
Según el Código Penal, existen una serie de acciones ilícitas que dan lugar a los delitos contra la seguridad vial:
Conducir a una velocidad superior a la máxima establecida por Ley está totalmente penalizado. Según el Código Penal se establece:
Según el artículo 379.1 del Código Penal español, el castigo que corresponde en este tipo de delito es la privación del derecho de conducción entre 1 y 4 años más:
Se constituye delito cuando el individuo conduce con un grado de alcohol superior al permitido: 060 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos en sangra por litro.
Desde la reforma de 2007, superar las tasas de alcohol establecidas constituye delito. También es delito conducir bajo los efectos de estupefacientes, drogas o sustancias psicotrópicas.
Conducir de manera temeraria un vehículo de motor o ciclomotor poniendo en peligro a la propia vida o integridad de las personas, está castigado con una pena de prisión entre 6 y 24 meses y privación al derecho de conducción entre 1 y 6 años.
Se entenderá que existe temeridad manifiesta cuando se conduzca bajo los efectos de sustancias o alcohol, o bien superando las tasas de alcohol permitidas que constituyen delito.
Si además se muestra manifiesto desprecio por la vida de los demás, dicha conducta es castigada más severamente, con una pena de prisión entre 2 y 5 años, multa entre 12 y 24 meses y privación del derecho de conducción entre 6 y 10 años.
Abandonar de manera voluntaria el lugar del accidente con resultados lesivos o fallecimiento de una o varias personas es castigado con diferentes tipos de penas en función de las circunstancias:
Negarse a hacerse las pruebas de alcohol y drogas es un delito sancionable penalmente con penas de prisión de 6 meses a 1 año, y privación del derecho de conducir de 1 a 4 años.
Conducir sin permiso de conducir porque nunca lo obtuvo, o bien porque el permiso ha sido retirado por decisión judicial, constituye delito contra la seguridad vial que será castigado con:
La colocación de obstáculos imprevistos, o derramar sustancias inflamables o deslizantes por la calzada, cambiar o anular señalizaciones de tráfico entre otras, son conductas posibles de riesgo para la circulación en vías públicas. Estos delitos contra la seguridad vial están penalizados con:
Conducir un vehículo motor o ciclomotor, ya sea en vía urbana como en vía interurbana, a una velocidad superior a la permitida está castigado con una pena de prisión de 3 a 6 meses, o con una multa entre 6 y 12 meses o bien con trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días.
No obstante en cualquiera de los casos, está penalizado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor y ciclomotor por un tiempo superior a 1 año y hasta los 4 años.
No obstante, también será castigado con las mismas penas toda persona que condujese un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas (tasa de alcohol en aires espirado superior a 0,60 miligramos por litro, o tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro), drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Si usted se encuentra ante cualquiera de los escenarios anteriores no dude ponerse de manera pronta con un abogado especialista en derecho penal, que le ayude a resolver la situación de la manera más justa.
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